El documental de Rocío Carrasco sigue siendo noticia. Apenas 24 horas después de que la hija de Rocío Jurado  anunciase en su entrevista en Telecinco que piensa reabrir el caso contra violencia de género contra Antonio David Flores se ha sabido que se está investigando a varias personas que accedieron de manera indebida a la documentación relativa a la violencia de género de la madrileña.

Una decena de funcionarios ha accedido a los informes de Rocío Carrasco

Según adelanta ‘El País’, la Fiscalía ha abierto diligencias para investigar a una decena de funcionarios que han accedido de forma indebida al expediente de la madrileña en el sistema de vigilancia de víctimas de violencia machista. El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, más conocido como VioGén, es de acceso controlado. Cada funcionario que entra a él lo hace registrando una clave de acceso. Además, al tratarse de información confidencial, no todos los funcionarios pueden utilizarlo. Solo tienen autorización para echar un vistazo a los documentos e informaciones que allí se recogen determinados profesionales: policías, jueces, personal de Servicios Sociales… Y todos y cada uno de los que navegan en él quedan registrados en el sistema.

Es así como se descubrió que varios funcionarios curiosearon los datos relacionados con Rocío Carrasco en esta red que permite «el seguimiento y protección de forma rápida, integral y efectiva de las mujeres maltratadas, y de sus hijos e hijas, en cualquier parte del territorio nacional», según reza el Ministerio del Interior.

© Telecinco.

Las pesquisas de la Fiscalía, según el citado diario, comenzaron después de que se detectase que varias personas habían entrado en la plataforma sin que su trabajo tenga relación con el caso. Las entradas se localizaron en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón, «aunque no se descarta que haya habido más accesos puntuales desde otros territorios», detalla el periódico. Interior detectó accesos indebidos a partir del 22 de marzo, cuando se emitió la primera parte del documental. Cuatro días más tarde, cuando se supo que quienes habían entrado no tenían nada que ver con el caso, la secretaría de Estado de Seguridad les bloqueó el acceso a todo el sistema.

Han desafiado las normas para satisfacer su curiosidad

La ‘bomba’ estalló poco después, cuando los trabajadores que habían accedido a los informes de Rocío Carrasco reclamaron que su acceso a VioGén estaba bloqueado. El pasado 31 de marzo, la Consejería de Justicia de la Generalitat Valenciana abrió un expediente informativo, uno disciplinario e informó a Fiscalía de lo que estaba sucediendo. De este modo, la maquinaria de investigación se puso en marcha y se abrieron diligencias en las tres provincias mencionadas.

La situación ha llevado a los ‘fisgones’ del ‘caso Rocío’ a ser destinados a «otros servicios». Según destaca ‘El País’, todo parece indicar que la principal motivación de todos los que han osado a usar el sistema oficial para fines distintos a los profesionales ha sido simple y llanamente matar el gusanillo de la cotillear. La curiosidad mató al gato, dicen.