En Zarzuela se están viviendo días doblemente convulsos: no solo por el Estado de Alarma decretado a consecuencia de la crisis del coronavirus. También por la resolución del rey Felipe VI de renunciar a la herencia de don Juan Carlos y de retirar la asignación de dinero público que da a su padre cada año.

La decisión sin precedentes del monarca se anunció a través de un comunicado el pasado 15 de marzo. Y se produjo un día después de que el diario ‘The Telegraph’ publicara que Felipe VI es beneficiario de dos fundaciones llamadas Zagatka y Lucum, ambas creadas por su padre y con sedes en paraísos fiscales. La última de ellas está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción por recibir supuestamente 100 millones de dólares del rey de Arabia Saudí por la construcción del AVE a La Meca. Para añadir más leña al fuego, el abogado de Corinna zu-Sayn-Wittgenstein asegura que don Juan Carlos le habría hecho una supuesta donación de 65 millones de euros a la alemana.

La delicada situación en la que se encuentra el rey emérito plantea una gran interrogante. Si don Juan Carlos está siendo investigado por llevarse una presunta comisión millonaria, ¿podríamos verlo sentado en el banquillo de los acusados? ¿Se puede juzgar a un rey? ¿Es posible el miembro más veterano de la Casa Real sea procesado? La respuesta tiene sus matices. Sí es posible. Pero también improbable. Explicamos en detalle las especialísimas condiciones en torno a la figura de don Juan Carlos que blindan su estatus jurídico en el hipotético caso de ser juzgado.

El emérito es «aforado» pero no «inviolable»

Don Juan Carlos, que en junio de 2019 puso fin a toda actividad institucional, «retirándose completamente de la vida pública», abdicó en junio de 2014. Desde entonces quedó  aforado ante el Supremo. El aforamiento es un privilegio procesal que también disfrutan políticos, jueces, fiscales y, mayoritariamente, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta prerrogativa establece que, en caso de ser juzgado, sería puesto a disposición de un tribunal jurídicamente superior al ordinario. O sea, sólo puede ser juzgado por el Tribunal Supremo.

En el supuesto caso de que el emérito hubiese cometido un delito, habría que determinar si esos supuestos delitos son anteriores a su abdicación. Porque a partir de esa fecha perdió la inviolabilidad. Según se recoge en el artículo 56.3 de la Constitución Española, «la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad». Al renunciar al Trono, el emérito perdió esta condición.

La inviolabilidad supone la irresponsabilidad penal para quien ejerce un cargo público, principalmente los parlamentarios y el Jefe del Estado. Así pues, don Juan Carlos solo podría ser juzgado por aquellos delitos cometidos después del 19 de junio de 2014, el día que abdicó.

El aforamiento casi ‘exprés’ del rey emérito y a su familia se concedió por mayoría absoluta en el Congreso, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, en julio de 2014. Entonces también resultaron aforadas las reinas Sofía y Letizia y la princesa Leonor. En su momento esta decisión fue muy cuestionada, pues el aforamiento tenía carácter retroactivo. Sólo se le podía juzgar por causas que se produjeran de esa fecha en adelante.

Para algunos expertos en derecho, el aforamiento vulnera el principio de igualdad ante la ley. Otros, por el contrario, defienden una protección que «actúa como instrumento para la salvaguarda de la independencia institucional del Gobierno, evitando las presiones de las que en otro caso podrían ser objeto sus miembros», tal y como recoge la web del Congreso.

El abogado que prepara la defensa del emérito

Tal y como están las cosas, Don Juan Carlos ya ha elegido a quien lo defienda de la batalla que podría librar ante la justicia en este periodo de senectud. El encargado de dar la cara por él será Javier Sánchez-Junco. Se trata un abogado de prestigio, con amplia experiencia profesional, socio Director del despacho Sánchez Junco Abogados y Fiscal de la Fiscalía Anticorrupción en excedencia. También es miembro del Consejo Académico de la Fundación para la Investigación del Derecho y la Empresa (FIDE). En la actualidad, compagina su trabajo en el despacho con la docencia: es profesor en diversos Másters de universidades como la Carlos III, ICADE o la UNED.

El proceso de defensa ya está en marcha. Y las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción siguen su curso. Será cuestión de tiempo saber si las acusaciones del abogado de Corinna son ciertas o no. Don Juan Carlos podría someterse al yugo de la ley por un supuesto delito de fraude fiscal si el valor de los bienes en el extranjero no declarados superara los 233.010 euros. Asimismo, se enfrentaría a un supuesto delito de blanqueo de capitales si desde su supuesta cuenta en Suiza hubiese pagado a terceros que sufragaran parte de sus gastos personales e inversiones. En estos casos, ya se sabe, la justicia es lenta. Y nuestro rey emérito, un veterano de 82 años. Una edad poco favorable para soportar este tipo de presiones. ¿Aguantaría ser juzgado por el órgano más alto de la justicia?