A partir de ahora, el emérito dejará de ganar la paga que le asignaba su hijo, Felipe VI, en 12 mensualidades. Un total de 194.232 euros brutos al año.


En el seno de la Casa Real se vive una crisis tan severa que la del coronavirus. Don Juan Carlos se acaba de quedar sin ‘paga’ después de que su hijo, Felipe VI, haya anunciado ayer, a través de un comunicado, su decisión de renunciar a la herencia de su padre, así como la retirada de la asignación a éste.

Don Juan Carlos dejará de ganar 16.186 euros brutos al mes

A partir de ahora, el rey emérito verá reducidos sus ingresos. El pasado domingo, Zarzuela informaba que su hijo Felipe renuncia a toda herencia económica que pudiera corresponderle de su padre y le retira la asignación que tiene fijada en los presupuestos de la Casa del Rey. Hablamos de 194.232 euros al año que el monarca ya no volverá a tener a su alcance.

A esta cantidad, que don Juan Carlos percibía de manera bruta, hay que quitarle el 45% del IRPF para saber la cantidad neta que recibía: 106.828 euros limpios de polvo y paja. En la actualidad, el porcentaje del 45% es el tipo más alto de su tramo.

La asignación del rey era percibida en 12 pagas mensuales de 16.186 euros brutos al mes. O lo que es lo mismo: unos 8.902 netos cada 30 días. Es exactamente lo que los bolsillos de don Juan Carlos los bolsillos ya no recibirán nunca más.

En los últimos años, el sueldo del rey había ido creciendo progresivamente. Su remuneración fue aumentando cada año desde 2015. Entonces recibía 187.356 euros anuales. En 2016 subió hasta los 189.228; en 2017 ascendió a los 191.124, y en 2018 alcanzó los 194.232 euros, el mismo sueldo que tenía en la actualidad.

Cuando Juan Carlos I anunció que dejaba la actividad política, el 2 de junio de 2019, se planteó la cuestión de si dejaría de recibir una asignación anual del Estado. En su caso sigue formando parte de la Familia Real. Y, por tanto, mantiene la consideración de Rey y Capitán General de las Fuerzas Armadas en la reserva.

Los hechos que han obligado a su hijo Felipe a tomar la decisión sin precedentes de dejarlo sin asignación de dinero público han sido las informaciones que señalan a Felipe VI como beneficiario de las fundaciones Zagatka y Lucum, con sedes en paraísos fiscales, y esta última investigada por la Fiscalía Anticorrupción por recibir supuestamente 100 millones de dólares de Arabia Saudí. Con su determinación, el Rey se desvincula por completo de cualquier negocio que pudiera tener su padre fuera de España.

El estatus jurídico de don Juan Carlos: es «aforado», pero no «inviolable»

Juan Carlos

Ahora que está implicado en una investigación por parte de la Fiscalía suiza, cabe recordar que don Juan Carlos conserva el estatus jurídico que ha tenido desde su abdicación hace cinco años, cuando quedó aforado ante el Supremo, al igual que los parlamentarios y miembros del Gobierno. El aforamiento establece que, en caso de ser juzgado, sería puesto a disposición de un tribunal jurídicamente superior al ordinario. La instrucción y el juicio no se llevarían a cabo según las reglas generales (Juzgado de Instrucción o Juzgado mixto y enjuiciamiento en Audiencia Provincial). Se trata de un privilegio procesal que también disfrutan diputados, senadores, miembros del Gobierno y algunos miembros del cúpula del poder judicial.

Por otro lado, con su abdicación en 2014 el emérito perdió la inviolabilidad pero mantiene el aforamiento. La inviolabilidad supone la exención de responsabilidad penal para quien ejerce un cargo público, principalmente los parlamentarios y el Jefe del Estado. Sin embargo, solo podría ser juzgado por aquellos delitos cometidos después del 19 de junio del 2014.

Ante la delicada situación en la que se ve salpicado, don Juan Carlos ya ha elegido un letrado de prestigio para afrontar su defensa. Será don Javier Sánchez-Junco Mans, abogado con amplísima experiencia y prestigio profesional, socio Director del despacho Sánchez Junco Abogados y Fiscal de la Fiscalía Anticorrupción en excedencia, quien lo defienda. Además, es miembro del Consejo Académico de la Fundación para la Investigación del Derecho y la Empresa (FIDE).