El príncipe Carlos tiene una fortuna valorada en 100 millones de euros, parte de la cual viene de dos leyes antiguas que le granjean jugosos ingresos. Son muy particulares estas leyes, pero suficientes para que en los últimos años sumase otro millón más


Solía decirse que todo lo que tocaba el Rey Midas se convertía en oro, pero quizá el ejemplo vivo más parecido sea el del príncipe Carlos, que pese a no ser Rey, sí consigue amasar ingentes cantidades de dinero, que equivalen a grandes proporciones del dorado material. Las ganancias del ducado de Cornualles que granjean al príncipe Carlos se cifran en millones de euros y es que todo lo que se encuentra en los 23 condados que abarca, tanto en Inglaterra como en Gales, es susceptible de ofrecerle un jugoso rendimiento. Ya sea mediante el cobro de los alquileres de los aparcamientos de la región o de incluso las escuelas de surf de la costa. Todo reporta en beneficios para el hijo de la reina Isabel II y futuro rey de Inglaterra, que ya amasa una fortuna valorada en 100 millones de libras.

Además de la asignación anual que su madre le he impuesto como miembro activo de la familia real por sus labores de representación de la corona, el príncipe Carlos tiene otras jugosas fuentes de ingresos. Están los beneficios derivados del alquiler y explotación de las numerosas fincas que posee a lo largo y ancho de todo el país, pero quizá lo más sorprendente sea que una de las grandes formas de ganar dinero del príncipe Carlos venga respaldada por dos normas ancestrales que siguen vigentes a día de hoy, para sorpresa de muchos.

 

La cuestión que no era conocida por todos, pero que seguía vigente en la legislación inglesa, determina que el príncipe Carlos es el beneficiario de aquellos residentes del ducado de Cornualles que fallecen sin herederos. Sus propiedades y fortunas no pueden quedarse en el limbo, por lo que esos bienes van directamente a las arcas privadas del príncipe Carlos. No sucede así con el resto del territorio de Inglaterra, dado que si fallece una persona sin herederos fuera del territorio de dominio del eterno heredero, sus propiedades van directamente destinadas al Tesoro Público.

Esta particularidad ha sido muy bien aprovechada por el príncipe Carlos, que tan solo en los últimos seis años ha logrado hacerse con 1.349.000 libras, lo que se traduce en cerca de un millón de euros. Casas que no hereda nadie, cuentas corriente sin dueño aparente y demás propiedades que tras morir su propietario, quedan desamparadas y el hijo de la reina Isabel II adopta de manera altruista. Claro está.

Ahora bien, decíamos que eran dos las leyes ancestrales que siguen vigentes a día de hoy y por las que el príncipe Carlos estaría engrosando su fortuna si mover un dedo. Con tan solo esperar cómodamente sentado, su cuenta corriente aumenta. Quizá no gracias a la ayuda de la segunda normativa, que le otorga el derecho a reclamar como suyos todo lo que se encuentre en barcos naufragados en las costas de Cornualles. No importa la época de su hundimiento, sino lo que haya dentro y más si su valor es ingente. Cierto es que ahora es complicado que aparezcan nuevos yacimientos de barcos hundidos repletos de tesoros en las costas de Cornualles, pero de aparecer uno, ya tiene un dueño claro, según dicta la ley.

Ahora bien, para evitar revuelos entre los ciudadanos, desde la casa real británica se ha querido dejar claro que estos ingresos extraordinarios no van directos al bolsillo del príncipe Carlos. Al menos eso es lo que él ha querido hacer entender. Aseguran que una parte se queda en un depósito a la espera de que cualquier persona con derecho a las herencias perdidas reclame su porción del pastel. Una vez superado el plazo de reclamación, este dinero va a financiar el fondo benéfico del duque de Cornualles. Es decir, va directamente al príncipe Carlos a través de su fundación benéfica, desde donde luego se realizan diversas obras altruistas o de ayuda a los más desfavorecidos. Así, como se establece en la página web oficial del ducado, 850.000 libras han sido destinadas en los últimos 7 años para tratar de reducir la brecha existente entre los favorecidos y aquellos que tienen una desigual accesibilidad a los bienes básicos.