No corren tiempos buenos para Arantxa Sánchez Vicario. La extenista acaba de recibir una dura noticia: la fiscal de Barcelona pide cuatro años de prisión tanto para ella como para su exmarido, Josep Santacana. Los acusan de haber intentado tramar un plan para descapitalizar su patrimonio con el que evitar el pago de una deuda a un banco de Luxemburgo y con el "ánimo de un enriquecimiento ilícito". En el escrito de acusación, acusa a Sánchez Vicario y Santacana de un delito de alzamiento de bienes o de insolvencia punibles.
Además de cuatro años de prisión también piden una multa económica
La Fiscalía de Barcelona asegura que "bajo las consignas" de Santacana, la extenista descapitalizó su patrimonio para evitar que el Banco de Luxemburgo se cobrase una deuda que le había reclamado en el año 2010. Además de que la fiscal pide una pena de prisión de hasta cuatro años, también piden el pago de una multa de 12 euros diarios durante 24 meses. Esto supondría un pago total de unos 8.300 euros. Por si fuera poco, la Fiscalía pide Sánchez Vicario y Santacana abonen una indemnización de 6,1 millones de euros a la entidad. Parece que las cosas se le complican a la extenista que a lo largo de estos años se ha visto envuelta en varios problemas judiciales.
En 2009, ya el Tribunal Supremo condenó a Arantxa Sánchez Vicario a pagar una multa de 5,2 millones de euros por fraude fiscal. Una deuda que Hacienda logró cobrar gracias a un aval del Banc de Sabadell que, a su vez, recuperó el dinero mediante un contraaval suscrito con el Banco de Luxemburgo (la fortuna de la extenista habría estado depositado en esa entidad). Ya en el año 2017, el Banco de Luxemburgo presentó una querella contra la campeona de Roland Garros y contra su marido (con quien ya había comenzado el proceso de separación) por alzamiento de bienes y fraude fiscal.
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El Banco de Luxemburgo la demandó por lo civil pero al no obtener resultados lo hizo por la vía penal
Entonces, la entidad bancaria pidió el ingreso en prisión de ambos sin éxito alguno, aunque sí que consiguió que la justicia española le diera la razón en un procedimiento civil. En dicho procedimiento se fijó la deuda en 7,5 millones, con intereses, alegando que disponían de fondos suficientes para saldarla, deuda que la fiscal solicita se abone en concepto de responsabilidad civil en su escrito de acusación. No recuperaron las cantidad, lo que llevó al banco a acudir a la vía penal, por lo que ahora Arantxa Sánchez Vicario se enfrentaría a una pena de prisión de hasta cuatro años.
También pide que se les condene a una multa de 24 meses a una cuota diaria de 12 euros. Además, y en concepto de responsabilidad civil, pide una indemnización conjunta para el banco de Luxemburgo de 6.170.942,35 euros, de los cuales 5.250.000 euros corresponden al préstamo y 520.109,59 y 48.328,77 a los intereses generados en los diferentes momentos procesales, entre otros conceptos.