La fortuna de Isabel II, un secreto impuesto por ella que azota la Corona como un escándalo

El escándalo vuelve a instalarse en el palacio de Buckingham, pero esta vez la protagonista de la polémica es la propia reina Isabel II y no ya sus hijos, nietos y demás descendientes, que suelen protagonizar jugosos titulares casi de forma rutinaria. Una investigación iniciada por el diario ‘The Guardian’ ha desvelado la presión que realizó uno de los abogados de la soberana al Gobierno británico para que se modificase una ley para que le permitiese mantener los millones que atesora en su cuenta corriente en secreto.

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Una ley que atenta contra la transparencia que se persigue ahora en todas las casas reales y que no parece que se adapte en Reino Unido, ante la determinación de la Jefa de Estado a ocultar su fortuna a su pueblo. Según el citado diario, se llegó a un acuerdo para crear una corporación fantasma respaldada por el propio ejecutivo británico para ocultar el patrimonio real de la reina Isabel II, así como sus acciones e inversiones realizadas durante su reinado. Un tema que está provocando mucho descontento popular.

Esta investigación publicada por ‘The Guardian’ y realizada por los periodistas David Pegg y Rob Evans ha sacado a la luz que la reina Isabel II tuvo mucha influencia, a través de sus abogados, para modificar “la formación de las leyes británicas” en 1973 durante el mandato de Edward Health. Especialmente en aquella que le favorecía para ocultar su fortuna a su pueblo. Es decir, la soberana ha ejercido influencia sobre el poder legislativo británico, lo que ya está suponiendo todo un revuelo popular, al no estar separados los distintos poderes, clave en una sociedad democrática.

Las exigencias de la reina Isabel II se materializaron en boca de su abogado, Matyhew Farrer, quien trabajaba en el prestigioso bufete de Farrer&Co. Este hombre de confianza de la soberana logró ejercer influencia en la modificación de esta ley de transparencia para dejar fuera de esta obligatoriedad al Jefe de Estado, en este caso, a la reina Isabel II. Lo que consiguió es que el nombre de su jefa no apareciese como titular de los clientes que acumulan participaciones mayoritarias en empresas que cotizan en bolsa mediante la compra de sus acciones a través de empresas fantasma. Todos los ciudadanos están sometidos a esta transparencia y aparecerán de manera pública si tienen participaciones en estas grandes compañías que cotizan en bolsa, siempre y cuando no seas la reina de los británicos.

Esta decisión se escudaba en que “cualquier divulgación de la titularidad real de las acciones por parte de la corona, incluso si se limita a los directores de la empresa, es potencialmente embarazosa, debido al riesgo de filtraciones”. Claro está, nadie quiere que la reina Isabel II sea ruborizada al desvelarse la fortuna que amasa en empresas privadas a través de empresas fantasma, pero quizá ha generado más revuelo esta influencia sobre el poder legislativo que el hecho en sí de que cotice en bolsa con participaciones y acciones privadas. Su influencia surtió efecto y en 1976, ya con Harold Wilson como primer ministro, la ley fue aprobada y las empresas que contaban con la reina Isabel II como accionista no estaban obligadas a desvelar la identidad de sus participantes.

Desde el palacio de Buckingham no han tardado en tratar de minimizar el escándalo y, mediante un comunicado de prensa oficial aclaran que “el consentimiento de la reina es un proceso parlamentario formal y que la monarca siempre otorga el consentimiento cuando lo solicita el gobierno. El Parlamento decide si se requiere el consentimiento de la reina, independientemente de la Casa Real, en asuntos que afectarían los intereses de la Corona, incluida la propiedad personal y los intereses personales de la monarca”.

En resumen, si ella influyó en el poder legislativo de su país es por que en la misma legislación se lo permiten. Unas explicaciones que parecen no haber apaciguado las aguas, sino todo lo contrario, dado que la petición popular es que haya división real de los distintos poderes del Estado, más allá de los intereses personales y económicos de quién se siente en el trono. La transparencia es una tendencia al alza en todas las casas reales europeas, pero en la británica la fortuna de la reina Isabel II ya se considera como un secreto de Estado.