El príncipe Carlos, investigado por más desmanes económicos con sus empresas

La Reina Isabel II de Inglaterra no encuentra consuelo y es que los escándalos de sus hijos y sus nietos están a la orden del día y si no es uno es otro el que le provoca quebraderos de cabeza y fijan sobre la Corona polémicas y líos judiciales que amenazan su tranquilidad, además de la libertad de algunos de sus miembros. Después de los graves entuertos en los que se ha visto inmerso su hijo el príncipe Andrés, acusado de abuso de menores y diversos desmanes económicos, su otro vástago, el príncipe Carlos, tampoco anda libre de pecado. Después de conocerse la semana pasada que ha cobrado tres millones de euros en efectivo del ex primer ministro de Qatar, ahora ha surgido un nuevo problema que le coloca en la picota informativa y en la diana de todas las críticas por la investigación que se ha iniciado a una de sus empresas -y no es la primera vez este año-.

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La atención de la justicia se ha posado sobre la empresa Havisham Porperties, que lidera el príncipe Carlos. Esta compañía está siendo investigada por la compra de 11 propiedades en la urbanización Knockroon, en Escocia, que compró en su día el heredero al trono británico como terreno agrícola como una extensión de la mansión que posee en la región, Dumfries House. La empresa visionó en este terreno una villa ecológica a modo de ecoaldea en la que acoger a trabajadores que reanimasen la comunidad minera. Se compraron las viviendas entre 2012 y 2017 por 1,7 millones de libras, como así han dado a conocer un portavoz de la Oficina del Regulador de Caridad de Escocia, al informar que la investigación sobre qué ha pasado con estas viviendas que no han llegado a levantarse “está en curso”.

De las 770 viviendas que se había planeado construir, tan solo se levantaron 31, aduciendo falta de demanda para continuar con el proyecto. Fue un auténtico fracaso para el príncipe Carlos, que tuvo que ser socorrido por el empresario David Brownlow, nombrado en 2013 fideicomisario de la fundación del heredero para gestionar su residencia y, con ello, también este terreno donde se había ideado levantar la ecoaldea para revitalizar la zona minera. La idea del hijo mayor de la reina Isabel II era hacer negocio con la venta de estas casas y así poder pagar el préstamo de 20 millones que había solicitado al banco para la compra de Dumfries House.

Años más tarde, en 2018, el empresario que salvó al príncipe Carlos de este descalabro económico al comprarle las casas que nadie quería y dejarlas sin construir recibió un nombramiento por parte de la Casa Real. Se le otorgó la condición de Comandante de la Orden Victoriana “en reconocimiento a su papel de presidente de la organización benéfica Fundación del Príncipe para la Construcción de la Comunidad”.

Un detalle sospechoso que ha hecho que la justicia inicie una investigación para ver si hay algo turbio en estos extraños movimientos y que se unen a los cobros millonarios y en metálico que el príncipe Carlos cobró a un jeque árabe para, supuestamente, financiar sus proyectos sociales y altruistas. Para minimizar la polémica, desde el Palacio se han conformado con prometer que el heredero a la Corona británica no volverá a cobrar dinero en efectivo para financiar sus iniciativas benéficas. Al pueblo no le parece suficiente garantía.